Veterinarios protestan por la injusticia del cambio de empresa y la pérdida de empleos

Fecha de la noticia: 2024-11-22

En un clima de incertidumbre y protestas sonoras, los veterinarios de la comunidad han alzado su voz frente a la Consejería de Agricultura, desafiando los vientos de cambio que amenazan sus puestos de trabajo. Con silbidos y pitadas resonando en el aire, estos profesionales, que han dedicado más de una década a cuidar de la salud de la cabaña ganadera, se encuentran en la cuerda floja ante la inminente transición de la gestión de sus servicios a la empresa Tragsa. A medida que el contrato con Eulen llega a su fin, la inquietud se apodera de un colectivo que se siente traicionado y desamparado por una decisión que, aseguran, no responde a la calidad de su labor. ¿Qué pasará con sus empleos? La respuesta parece perderse en un mar de burocracia y falta de consideración, mientras las familias se enfrentan a un futuro incierto.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los veterinarios respecto al cambio de empresa en la gestión de los servicios veterinarios?

Los veterinarios están profundamente preocupados por el cambio de empresa en la gestión de los servicios veterinarios, ya que temen por la estabilidad de sus 122 puestos de trabajo, que podrían verse amenazados por la transición de Eulen a Tragsa. Desde que se anunció que la nueva adjudicación, que asciende a 6,5 millones de euros, se llevaría a cabo sin un concurso previo y sin la subrogación de empleados, los profesionales han expresado su descontento, señalando que su experiencia y dedicación a la salud animal durante más de una década están en juego. La indignación crece al considerar que esta decisión no solo afecta su futuro laboral, sino también la calidad del servicio que brindan, dejando a muchas familias en la incertidumbre y cuestionando las prioridades de la Junta y de la nueva empresa en cuanto a la estabilidad laboral y el bienestar del ganado en la comunidad.

¿Qué impacto se espera que tenga la adjudicación del contrato a Tragsa en los puestos de trabajo de los veterinarios?

La adjudicación del contrato de servicios veterinarios a Tragsa ha generado una gran preocupación entre los profesionales del sector, quienes temen por la estabilidad de sus puestos de trabajo. Con 122 empleados afectados, la transición de Eulen a la nueva empresa no solo representa un cambio en la gestión, sino también una incertidumbre laboral que ha llevado a los veterinarios a protestar frente a la Consejería de Agricultura. La falta de subrogación de los trabajadores, a pesar de su experiencia y dedicación en el cuidado de la salud ganadera durante más de una década, ha sido rechazada por los sindicatos, quienes consideran esta decisión como una injusticia que pone en riesgo el sustento de muchas familias.

Además, el hecho de que el nuevo contrato se adjudique sin concurso previo y a un coste claramente mayor, añade una capa de desconfianza hacia la gestión de Tragsa y la Junta. Los representantes de UGT han destacado que la prioridad parece estar más en el ahorro económico que en la estabilidad laboral de los veterinarios, lo cual podría tener un impacto negativo en la calidad de los servicios prestados. Este escenario plantea un exigencia no solo para los trabajadores, sino también para la salud animal en la comunidad, ya que la continuidad y experiencia del personal son esenciales para mantener estándares adecuados en el saneamiento ganadero.

¿Cómo ha reaccionado la Junta de Andalucía ante las protestas de los veterinarios y las denuncias del sindicato UGT?

La Junta de Andalucía ha respondido a las protestas de los veterinarios y las denuncias del sindicato UGT con una postura de aparente desinterés, a pesar de la creciente preocupación por el futuro laboral de 122 profesionales del sector. Los veterinarios, quienes se manifestaron frente a la Consejería de Agricultura, expresaron su temor ante el cambio de empresa en la gestión de los servicios veterinarios, que pasará de Eulen a Tragsa el próximo 30 de noviembre. La falta de subrogación de los empleados ha generado un profundo malestar, ya que muchos de ellos han dedicado más de una década al cuidado de la salud animal en la comunidad.

Desde UGT, se considera que la decisión de la Junta no solo es injusta, sino que también pone en riesgo la estabilidad laboral de estos trabajadores acreditados. La nueva adjudicación del contrato, que asciende a 6,5 millones de euros, se ha realizado sin concurso previo y es claramente más cara que la anterior. Los representantes del sindicato han denunciado que la falta de interés en la subrogación de los empleados revela que ni Tragsa ni la consejera de Agricultura priorizan el bienestar de las familias afectadas. Con un futuro incierto, los veterinarios claman por la justicia y la consideración que merecen tras años de dedicación al servicio público.

¿Por qué consideran los afectados que la decisión de no subrogar a los empleados es una injusticia?

Los afectados consideran que la decisión de no subrogar a los empleados es una injusticia evidente porque pone en riesgo la estabilidad laboral de 122 profesionales que han dedicado más de una década a cuidar de la salud de la cabaña ganadera de la comunidad. A pesar de su experiencia y dedicación, la Junta ha optado por un cambio de empresa, Tragsa, sin tener en cuenta a los trabajadores que han demostrado su valía a lo largo de los años. Las protestas, como la sonora pitada frente a la Consejería de Agricultura, son un reflejo del clamor de estos empleados, quienes sienten que su esfuerzo y compromiso no son reconocidos.

Además, la adjudicación del nuevo contrato, que incluye un costo claramente mayor que el anterior, deja entrever que las prioridades de Tragsa y de la consejera de Agricultura no están centradas en el bienestar de los trabajadores. La falta de un concurso previo y la negativa a subrogar a los empleados generan incertidumbre y angustia en las familias afectadas, quienes se ven abocadas a la calle sin saber qué les depara el futuro. Como lamenta una auxiliar veterinaria, "es triste que todas estas familias nos vayamos a la calle sin saber qué va a pasar", subrayando la desprotección que sienten ante esta abrupta decisión.

Protesta en defensa de 122 empleos veterinarios

Los veterinarios han alzado la voz hoy frente a la Consejería de Agricultura, manifestándose con una ruidosa pitada en defensa de 122 empleos que corren el riesgo de desaparecer. Esta situación se debe al cambio de empresa que gestionará los servicios veterinarios, pasando de Eulen a Tragsa, lo que genera incertidumbre entre los profesionales que llevan años dedicados al saneamiento animal en la comunidad. Según UGT, la Junta no ha considerado la subrogación de estos empleados, lo que ha desatado la indignación de quienes se ven amenazados por una decisión que afecta no solo su trabajo, sino también la salud del ganado en la región.

La nueva adjudicación del contrato a Tragsa, sin un concurso previo y a un coste superior de 6,5 millones de euros, ha sido recibida con preocupación por los afectados. “Es injusto que familias enteras se queden en la calle por una decisión ajena a su profesionalidad”, afirman desde el sindicato UGT, resaltando la trayectoria de los trabajadores en la protección de la salud ganadera. La falta de atención a la estabilidad laboral por parte de Tragsa y la consejería es un claro indicativo de que las prioridades no están alineadas con el bienestar de los empleados, lo que incrementa la angustia entre quienes temen por su futuro.

Injusticia laboral: el cambio de adjudicataria que afecta a los profesionales

Los veterinarios han alzado la voz hoy frente a la Consejería de Agricultura, manifestando su preocupación por el inminente cambio en la gestión de servicios veterinarios, que podría poner en riesgo 122 puestos de trabajo. Desde 2013, estos profesionales, dedicados al saneamiento animal, han trabajado con Eulen, pero con la nueva adjudicación a Tragsa, que se llevará a cabo sin subrogación de empleados, muchos se sienten amenazados por una decisión que consideran injusta. “Es desalentador que nuestras familias queden en la calle por algo que no está relacionado con nuestra dedicación y profesionalismo,” lamenta una de las afectadas, mientras el sindicato UGT denuncia que la nueva adjudicación, además de ser más costosa, ignora las necesidades y derechos de los trabajadores. La incertidumbre se cierne sobre ellos, y la estabilidad laboral parece no ser una prioridad ni para Tragsa ni para la consejera de Agricultura.

Tragsa toma el control, pero deja a los veterinarios en la incertidumbre

Los veterinarios han alzado la voz frente a la Consejería de Agricultura, manifestando su preocupación por el inminente cambio de empresa en la gestión de servicios veterinarios, que pone en riesgo 122 empleos. Desde 2013, han trabajado para Eulen, pero el contrato finaliza el 30 de noviembre y será Tragsa quien asuma la responsabilidad, generando incertidumbre en el futuro laboral de estos profesionales. La situación ha llevado a los afectados a realizar una contundente protesta, clamando por el reconocimiento de su labor y pidiendo a la Junta que considere la subrogación de sus puestos.

La adjudicación del nuevo contrato a Tragsa, sin concurso previo y con un coste claramente mayor, ha despertado críticas por su falta de compromiso hacia la estabilidad laboral de los veterinarios. Según el sindicato UGT, esta decisión injusta pone en la cuerda floja a familias que han dedicado años a velar por la sanidad animal en la comunidad. La tristeza y la incertidumbre se apoderan de los trabajadores, quienes sienten que su profesionalismo no ha sido tomado en cuenta, dejando un oscuro panorama de futuro en el sector.

La protesta de los veterinarios frente a la Consejería de Agricultura pone de manifiesto la angustia y la incertidumbre que rodea a la inminente transición de gestión de servicios veterinarios. La falta de consideración por parte de la Junta hacia la subrogación de los empleados no solo amenaza la estabilidad laboral de 122 profesionales acreditados, sino que también pone en juego la salud del ganado en la comunidad. La decisión de adjudicar el contrato a Tragsa, a un costo mayor y sin un proceso de concurso, resalta una preocupante falta de compromiso con el bienestar de los trabajadores y la calidad del servicio. Este es un momento crítico que requiere atención y acción para proteger no solo a los empleados, sino también a la integridad del sector ganadero.

Fuente: “Es una injusticia muy gorda”